LOS AFECTADOS DEL PERI TIZIANO-DULCINEA PIDEN QUE "PRIME LA JUSTICIA SOBRE LA ESTAFA"

La paralización de la subasta de una de las parcelas de este Plan Especial de Reforma Interior (PERI), el pasado 6 de septiembre, arrojaba un poco de luz sobre la situación que viven un centenar de familias. Sin embargo, la realidad actual es otra muy distinta. Como explica Susana Ochovo, presidenta de la asociación de afectados por el PERI Tiziano-Dulcinea (APETIDU), “los Juzgados 31 y 32 han seguido con sus ejecuciones y nos han publicado subastas de los terrenos para los próximos días 20, 21 y 28 de marzo, y si éstas se llevasen a cabo lo perderíamos todo”. En esas fechas se subastarían las parcelas 2, 8 y 11, “sólo falta la 12, que saldrá cualquier día”. Una de estas subastas está prevista a las 9:30 horas del 21 de marzo, en el Juzgado de 1ª Instancia nº 31 de Madrid, situado en la calle del Capitán Haya, 66, y ya los afectados advierten de que “haremos movilizaciones para intentar frenar esta situación verdaderamente atroz”. ESTAFA En la larga historia de esta actuación urbanística, iniciada hace ahora 15 años, tiene un importante protagonismo la Junta de Compensación que se constituyó con el fin de llevar adelante el PERI, por medio de la iniciativa privada. El hecho es que quienes no se adhirieron a esta Junta viven tranquilamente en los edificios de realojo construidos en la zona, pero aquellos vecinos que confiaron en su gestión están hoy sin vivienda; en total, un centenar de familias. Para todas ellas, que se han unido para luchar por sus intereses en una asociación, los culpables de esta situación tienen nombres y apellidos: la inmobiliaria Promociones y Obras Tiziano (antigua Somersen), encargada de edificarles sus hogares, y el Banco Pastor. En relación con la inmobiliaria, su administrador ha sido acusado por parte de los vecinos de “haberse enriquecido vergonzosamente con esta operación y de haber hipotecado traicioneramente el suelo y las viviendas, junto con el Banco Pastor [entidad con la que trabajaba]”. De hecho, el tema se complica aún más cuando Somersen presentó suspensión de pagos, declarándose insolvente. Entonces apareció en escena Promociones y Obras Tiziano, en la que, y siempre según la versión de los afectados, “se encuentra como accionista el propio administrador”. Precisamente, y sobre esta entidad bancaria, Susana Ochovo asegura que “ha iniciado los procedimientos hipotecarios por impago del préstamo otorgado a la inmobiliaria, ante el reiterado incumplimiento de las obligaciones asumidas. El banco se está presentando ante los juzgados como un acreedor tercero de buena fe, cuando en realidad ha participado como cómplice en una estafa orquestada desde su inicio y en un proceder delictivo camuflado bajo esa apariencia de un mero incumplimiento contractual, que ha sido utilizado por el banco para vestirse como un tercero de buena fe”. EJECUCIÓN PÚBLICA El pasado 12 de junio de 2006, el Ayuntamiento de Madrid –a través de la Dirección General de Gestión Urbanística– inició expediente tendente a declarar el incumplimiento de deberes, obligaciones y compromisos inherentes al sistema de compensación del PERI Tiziano-Dulcinea. Su declaración final conllevaría la sustitución del sistema actual por otro de ejecución pública y, lo más importante, la imposibilidad de llevar a cabo el plan por inviabilidad urbanística. Además, el expediente debería causar asiento en el Registro de la Propiedad, en cada una de las fincas afectadas incluidas en este plan de reforma. En este sentido, los vecinos se agarran a esta tabla de salvación, ya que “se ha enviado a los juzgados donde existen procedimientos de nuestro caso una carta informativa, poniéndoles en antecedente de esta declaración, de cara a la paralización de las subastas”. Los afectados por esta situación reclaman, finalmente, que “la justicia dé respuesta a esta inmoralidad que se está cometiendo contra nosotros y que prime sobre la estafa”. En espera de lo que ocurra a partir del próximo 20 de marzo, “continuaremos luchando para que se haga justicia y no perdamos nuestros hogares”, sentencia Susana Ochovo, presidenta de APETIDU. JUAN CARLOS M. J.