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Actualidad
3-12-2008
Siguen los sobresaltos en el PERI Tiziano-Dulcinea
El desalojo de 100 familias suspendido in extremis por el Tribunal Constitucional
Siguen los sobresaltos en el PERI Tiziano-Dulcinea

El pasado 21 de noviembre, a las 9:30 de la mañana, estaba previsto el desalojo de 100 familias –un total de 60 inmuebles–, en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Tiziano-Dulcinea, ubicado en la parcela comprendida entre las calles de Bravo Murillo, Jaén, Dulcinea, Tiziano y Teruel, e iniciado hace 17 años.

 

El Juez Hipotecario de Madrid nº 32 había dado la orden de que se ejecutase el desahucio, ya que ahora los terrenos donde viven los afectados pertenecen al Banco Pastor, “debido a que el administrador de la promotora inmobiliaria encargada de construir los pisos de realojo hipotecó el suelo y las viviendas a esta entidad bancaria sin consultarnos”, dice la presidenta de la Asociación de Afectados por el PERI Tiziano-Dulcinea (APETIDU), Susana Ochovo.

 

“IN EXTREMIS”

 

Sin embargo, un día antes de procederse al desalojo, “nos llegó una respuesta del Tribunal Constitucional admitiendo el recurso de amparo que habíamos presentado, y suspendiendo los desahucios, lo cual es una gran noticia para nosotros”. Efectivamente, en la notificación realizada por el Tribunal Constitucional el 20 de noviembre se señala textualmente que “habiéndose solicitado la suspensión de las resoluciones recurridas, y apareciendo procedente la medida cuando se trata del lanzamiento de una vivienda, pues la pérdida de su posesión podría causar un perjuicio difícilmente reparable, por irreversible, a sus ocupantes, se ha decidido suspender la ejecución de los Autos del Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Madrid de 9 de octubre de 2008 que acordaron el lanzamiento de las viviendas ocupadas, así como las demás actuaciones posteriores dirigidas al cumplimiento efectivo de dicho lanzamiento”.

 

Así pues, “por el momento nos quedamos en nuestras casas, mientras seguimos luchando para demostrar que esto es una estafa bancaria e inmobiliaria y para que se haga justicia”, advierte la presidenta de APETIDU.

 

Juan Carlos M. J.

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