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Actualidad
31-05-2010
El XII Congreso de Inmigración de Aculco revisó la última reforma de la Ley de Extranjería
Es una asociación de cooperación al desarrollo con sede en el distrito
El XII Congreso de Inmigración de Aculco revisó la última reforma de la Ley de Extranjería
El pasado 20 de mayo se celebró, en el centro social y cultural Caixa Forum, el XII Congreso de Inmigración de Aculco, la Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica, cuya sede en Madrid se encuentra en nuestro distrito (Capitán Haya, 3).
Esta edición tenía por objeto de estudio la nueva Ley de Extran-jería, que en realidad es una reforma del reglamento vigente, el cual fue modificado por última vez en el año 2000.
A lo largo de la maratoniana jornada (de 10:00 a 18:00 horas), por la sala de conferencias pasaron representantes de las Administraciones Públicas, partidos políticos, sindicatos, ONGs y asociaciones de inmigrantes, que analizaron al detalle los cambios producidos en la norma, y cómo éstos afectarán a los extranjeros que llegan y a los que ya viven en nuestro país.  
Dentro de las ponencias de inauguración, que estuvieron a cargo del director general de Inmigración de la Secretaría de Estado y de los responsables de Inmigración de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valen-ciana, los segundos censuraron la atribución de competencias a las Comunidades Autónomas y entes locales, que catalogaron de “contradictoria” y a la que achacaron el “desorden burocrático” que traerá consigo.


CRÍTICAS Y BONDADES DE LA LEY

Como principales puntos controvertidos de la norma jurídica, a la que el abogado de la Secretaría de Empleo y Migraciones de CCOO tildó de “una oportunidad perdida”, se puso de manifiesto la prohibición explícita de los derechos laborales de los trabajadores irregulares; el intento de legislar la integración como condición para la regularización; la exigencia de residencia legal de al menos cinco años para acceder a las ayudas a la vivienda; la restricción de acceso al asilo, así como las limitaciones a la reagrupación de familiares ascendientes. Se destacó también la ausencia de medidas antixenófobas, que envuelvan esta reforma y que respondan al incremento de estos movimientos en España y en el resto de Europa. Desde el Movimiento contra la Intolerancia se señaló que “las ONGs e instituciones del Estado no pueden hacerse cómplices de estos problemas, minimizando el discurso”.
Pero no todas las valoraciones fueron negativas. Se aplaudió el avance que supone algunas de las reformas, como el reconocimiento al derecho de sindicalización, asociación y huelga para los trabajadores irregulares; la posibilidad de los reagrupados de entrar al país con permiso de trabajo; la obligación del empresario de otorgar un contrato laboral en lugar de una carta de empleo si se ha encargado de traer al trabajador de otro país; la homologación de los derechos de los trabajadores transfronterizos; la inaplazable protección a las víctimas de trata de blancas; el acceso a la asesoría jurídica gratuita, en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles, y el reconocimiento de “domicilio habitual” en lugar de residencia para acceder al padrón municipal, entre otras.
Finalmente, la fuerza política reconoció la necesidad de consenso para encarar esta reforma, mientras que los sindicatos incidían en la “inconveniencia de apresurarla en este momento de crisis, que ha provocado un cambio en el modelo migratorio”.
Luces y sombras, por tanto, en torno a la Ley de Extranjería.  

CRISTINA SÁNCHEZ
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