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Actualidad
5-11-2011
El alto precio de un derrumbe
Los vecinos de Mariano Fernández, 6 siguen pagando facturas desde que se hundiera el edificio
El alto precio de un derrumbe
Además del coste sentimental que ha supuesto para ellos perder el hogar donde formaron su familia −algunos vivían allí desde hacía más de 30 años−, los 24 vecinos de la antigua comunidad de Mariano Fernández, 6, el edificio que se derrumbó en enero de 2010 en la zona de Estrecho, han tenido que desembolsar desde entonces una elevada suma de dinero.
Aparte del hecho de que todos eran propietarios (muchos de ellos aún mantienen la hipoteca), la pérdida de sus casas les ha llevado a tener que pagar ahora un alquiler, además de los gastos de ropa y nuevo mobiliario, teniendo en cuenta que se quedaron sin nada, la atención psicológica, los costes de técnicos y abogados… “Hasta entonces, en general todos vivíamos holgadamente; pero en 50 minutos nos vimos en la calle y con lo puesto”, explica gráficamente Maribel Sánchez-Casas, una de las afectadas. “Toda una vida trabajando para ahora no tener nada: empezar desde cero a nuestros más de 40 años es muy duro”.
Entre otras facturas, tuvieron que desembolsar 9.000 euros a la compañía de gas por cortarlo en toda la calle. La última de ellas, que los propietarios deben liquidar antes del día 7 de noviembre, es una del Ayuntamiento por un valor total de 393.794 euros, de los cuales cada propietario debe hacerse cargo de un tanto por ciento, según la vivienda. En el caso de Maribel Sánchez-Casas, la cantidad es de 31.503 euros (el 8%).
En concepto de “obras en ejecución sustitutoria”, esta factura incluye los gastos de demolición del edificio, de desescombro, vallado, apuntalamiento, apeos y vigilancia del solar, así como del traslado y el almacenamiento de enseres, entre otros.
Hasta el mes de agosto de 2010, cuando recibieron la primera factura, informativa, estos vecinos ignoraban que tuvieran que ser ellos quienes hicieran frente al pago de estas actuaciones, porque “en ningún momento el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con nosotros para comunicárnoslo”, añaden.
El Consistorio cuenta con un servicio de emergencias urbanísticas para garantizar la seguridad de los edificios en casos de incendio, explosión, atentado o derrumbe. “En este tipo de situaciones el Ayuntamiento actúa por ejecución subsidiaria o sustitutoria: se hace cargo del coste de los trabajos, pero luego los propietarios tienen que reembolsar ese dinero. Se trata de propiedades privadas, y así lo recoge la Ley del Suelo”, explican desde el gabinete de prensa de la consejería de Urbanismo.
A su vez, la concejal-presidenta de Tetuán, Paloma García Rome-ro, afirma al respecto que “soy consciente de que la cuestión del pago de dichas cantidades es onerosa para los propietarios, pero, por otro lado, el cumplimiento de la legalidad es indiscutible, y no puede exonerarse de la misma a ningún ciudadano; lo que no es óbice para que el Ayuntamiento esté aplicando a estos vecinos todas las posibilidades de aplazamiento o fraccionamiento que contempla la normativa de aplicación”. Y también añade que “sigo a disposición de los vecinos afectados, para cualquier cuestión en la que pueda serles de ayuda”.
Los afectados asumen la legalidad del cobro, pero no la elevada cuantía de la factura, que recoge “hasta la ropa de trabajo de los obreros, el microondas −donde se calentarían la comida−, el botiquín…”, cuentan indignados, y tampoco que no les permitan aplazar el pago hasta que se resuelva el juicio que dé a conocer al culpable del derrumbe: “Y el que lo sea, que lo pague”, dicen.
“Yo no tiré mi casa, me la tiraron”, sentencia Maribel Sánchez-Casas. Pero ese es otro tema.

Cristina Sánchez
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